Aunque la Ley General de Aguas establece como un derecho el acceso a este recurso, así como su saneamiento para uso personal y doméstico, no implica que tendremos más, sostuvo la coordinadora del Área de Derecho Ambiental, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, María del Carmen Carmona Lara.
En nuestro país estos tópicos se vuelven complejos porque las leyes consideran el vital líquido como parte de los bienes nacionales, lo que no ocurre con nuestros vecinos del norte ni del sur, indicó al inaugurar el Coloquio Internacional “Gobernanza del Agua Subterránea en las Fronteras de México”.
Belice tiene una estructura distinta a las formas de apropiación, distribución y aprovechamiento; Guatemala su concepto constitucional denominado “cuencas soberanas” y cualquier cosa que se acuerde, debe considerar “cuotas de compensación”, señaló la experta.
En el encuentro -en el cual estuvo acompañada por legisladoras locales y federales de Baja California; el jefe de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia del IIJ, Juan Manuel Vega Gómez; académicas y académicos del Colegio de la Frontera Norte y el Colegio de la Frontera Sur, así como diplomáticos de Pakistán-, Carmona Lara añadió que el agua subterránea, que parece “invisible”, es también un asunto por atender a partir del punto de vista jurídico.
