Con el propósito de fortalecer la protección de los recursos naturales y frenar la deforestación ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) firmaron este 23 de marzo un convenio de colaboración que permitirá coordinar acciones en materia ambiental y agraria, particularmente en núcleos agrarios de la península de Yucatán.
La firma se llevó a cabo en el Ejido Bacalar, en el estado de Quintana Roo.
El acuerdo busca prevenir el cambio ilegal de uso de suelo forestal y otras actividades que afectan los ecosistemas, mediante el intercambio de información, la orientación a los sujetos agrarios y la adopción de medidas que eviten la consolidación de actos agrarios vinculados con daños al ambiente.
“La coordinación entre las autoridades ambientales y agrarias es fundamental para fortalecer el cuidado de la Selva Maya. Se ha hecho una práctica común el arrendamiento o venta de tierras de propiedad social que son desmontadas de manera ilegal para una agricultura intensiva. Posteriormente, se formalizan los cambios de dominio a pesar de que en esas tierras se cometieron ilícitos. Con este convenio, le vamos cerrar la puerta a este tipo de procesos”, afirmó la Procuradora Mariana Boy Tamborrell.
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