La pandemia de covid-19 agravó la migración de campesinos de Guerrero hacia el centro y norte del país para trabajar de jornaleros. Es un fenómeno social que antes era de temporada y ahora se ha vuelto casi permanente, lo que deja prácticamente vacías comunidades rurales de la región.

En sus lugares de destino, los jornaleros —en su mayoría indígenas— pasan cada vez más penurias mientras buscan prosperar en regiones alejadas de su tierra natal.

Su situación no es mejor que en los campos de cosecha de sus pueblos, pero se ven empujados a viajar por falta de recursos económicos en las comunidades de Guerrero y de apoyos federales, según denuncian.

«Nos tratan como animales y no como personas valiosas», dijo a Efe un jornalero que prefirió guardar el anonimato por seguridad.

Al aceptar trabajar en alguno de los campos, las familias son sometidas a reglas estrictas que en caso de romperlas pueden costarles el despido.

Y además deben de pagar unos 1.200 pesos (cerca de 60 dólares) o más para el transporte desde sus lugares de origen.

Llamado a Derechos Humanos

Por teléfono, el hombre, de 53 años, explicó que se encuentra desde hace unos meses laborando entre los estados de Sonora y de Guanajuato.

Denunció incluso haber sido multado con unos 200 pesos (uno 10 dólares) por sus patrones si sale sin permiso de los campos, siendo despedido sin motivo de algunos empleos en los que ha trabajado a lo largo de casi un lustro.

Pero el principal reproche de este hombre es para los gobernantes locales y estatales, así como por los organismos de derechos humanos, alegando que no se «interesan» por su situación.

De acuerdo con los registros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, antes del coronavirus la temporada anual de exportación de mano de obra era de septiembre a enero y sumaba a entre 7.000 y 8.000 personas de todas las edades.

Fuente: EFE